Frente a esto, instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales, parlamentarios y organizaciones ciudadanas han llamado al gobierno a encontrar una salida humanitaria al caso. Y mientras las familias de los prisioneros se sumaron a la huelga y acampan frente al hospital de la sureña ciudad de Victoria, la Iglesia ha comenzado a negociar para lograr alguna salida política a la dramática situación.

Según el último informe médico la condición de los prisioneros políticos es que están con hidratación límite, desnutrición severa, compromiso orgánico moderado a severo, trastornos de sueño y concentración y pérdida de más de 20 kilos de peso.

A la huelga de Hector Llaitul, Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo, este lunes comenzaron en las afueras del hospital de Victoria los familiares de los prisioneros. Así Natividad Llanquileo, hermana de Ramón, junto a la pareja y al hermano de Héctor Llaitul, Pamela Pessoa y Hernán Llaitul, respectivamente, y a la madre de José Huenuche, Juana Reiman, comenzaron un ayuno de protesta.

Los prisioneros y sus familiares, dijeron en un comunicado, *“hacemos un llamado a no detener las movilizaciones, a sumar acciones para visibilizar esta injusticia. Fin a la aplicación de la Ley antiterrorista y a la criminilización de las reivindicaciones mapuche ancestrales y libertad a nuestros presos políticos”*.

Frente a esto, ya varias organizaciones y personalidades están exigiendo al gobierno una salida humanitaria al caso, y están demandando un indulto presidencial. Así lo dio a conocer el doctor José Venturelli, Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura, envió una carta al presidente Sebastián Piñera en que le señala que *“tiene la oportunidad única en la historia de este país: corregir lo hecho por ya dos siglos de atropellos. No los inició Ud. pero, evite ser otro más de esa cadena de privilegiados”*.

Venturelli agrega que *“el indulto, Usted lo puede, Presidente. Le abrirá a Usted y a todos, un camino en el que deberemos aprender a transitar. No está indultando criminales, como ha sido el caso de los que sí sabemos son criminales de lesa humanidad. Son los dirigentes de un pueblo que ha tardado tanto en obtener su plena expresión social y humana porque todos nosotros hemos sido culpables de ignorancia y negligencia oportunista”*.

El indutlo, dice el vocero de la Comisión Ética contra la Tortura, *“lo mencionan todos los que se preocupan del problema, incluso dos Cortes nacionales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Dirección de la Defensoría Nacional Pública, Premios Nóbel de la Paz y personalidades por todos lados, las iglesias, las organizaciones de Derechos Humanos en Chile y por el mundo, las Naciones Unidas y todos los convenios y tratados firmados por Chile pero nunca respetados”*.

Consultado también el jefe de la Iglesia Católica Chilena, Monzeñor Ricardo Ezzati, afirmó que *“hay que juzgar bien eso, pero sin duda alguna el mismo Presidente ha anunciado el 21 de mayo que es necesario cambiar, innovar en relación a la Ley Antiterrorista. Por ahí yo creo que hay caminos para situaciones similares en el futuro”*.

**VISITA A PRISIONEROS EN HOSPITAL**

Este lunes representantes de la ONG Observatorio Ciudadano visitaron a los prisioneros políticos en el Hostpital de Victoria y afirman que Hector Llaitul, a pesar de su gravedad sigue enfático en señalar que ellos no son terroristas.

*“No somos terroristas, porque no hemos matado a nadie, sino que planteamos la resistencia mapuche frente a la injusticia histórica, por eso hemos defendido los rehues, los guillatuwes y la comunidad”*, señala Llaitul. Y añade, *“la lucha tiene que ver con la tierra, el itxofill mogen (diversidad de vidas) y la identidad”*.

El Observatorio Ciudadano afirma que Hector Llaitul contextualiza que la lucha de ellos es por lo injusto que es, que las empresas forestales como Mininco y Arauco posean sobre 3 millones de hectáreas de tierras y el pueblo mapuche solo 500 mil y que han sido víctimas de campañas y montajes policiales y judiciales para deslegitimar la lucha, acusando que la criminalización es una práctica de estado.

Respecto al veredicto de la suprema, Llaitul afirma que ello avala la ignominia, el montaje, la ley antiterrorista, la mentira y el engaño. El Ministerio Público se siente ganador porque la Corte Suprema le allana el camino para seguir haciendo lo que hizo.

También agrega que *“el Ministro Juica esta incómodo por que la Corte Suprema hizo el papelón”*. *“La huelga no era solo por la decisión de la suprema, sino contra la ley antiterrorista y los poderosos”*, culmina.