Funcionarios del gobierno nacional dieron explicaciones ante la Cámara de Diputados por el uso de fondos públicos para la construcción de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo y la oposición remarcó «la falta de controles» del Estado, lo que habría posibilitado el presunto lavado de dinero por parte de Sergio Schoklender.

Frente a las denuncias de “sobreprecios y discrecionalidad en el otorgamiento de las obras”, Luis Bontempo, subsecretario de Vivienda de la Nación, aseguró que “se respondió a los requerimientos con toda la documentación sobre la mesa, durante tres horas y sin ningún tipo de condicionamiento. Y pudimos demostrar que no hay ninguna de las irregularidades que se señalaron en estas campañas mediáticas”.

Bontempo consideró que lo que hizo Schoklender en la fundación fue «una estafa fuera del sistema de financiamiento» del gobierno a ONG para la construcción de viviendas y afirmó que para la Casa Rosada el programa Sueños Compartidos «tiene un curso normal». «El avance físico coincide con el avance del financiamiento» de los trabajos, aseguró en el informe que brindó durante tres horas sobre la relación del gobierno con la ONG de las Madres.

«No nos lavamos las manos. Cuando hablamos de responsabilidad, nos referimos a lo que dicen los contratos», aclaró a Página 12.

Bontempo, en tanto, indicó que a la fundación «no se le dio un solo peso que no esté en una placa o en un ladrillo» y precisó que desde 2008 se le giraron 765 millones de pesos para la construcción de 4.465 viviendas en distintos puntos del país y faltan asignar unos 500 millones para finalizar la ejecución de 3 mil viviendas y obras complementarias como centros de salud y espacios comunitarios.

«Todo este plan es para erradicación de villas en todo el país. Se hace con organismos no gubernamentales (ONG), seleccionados por las jurisdicciones municipales o provinciales, que estén en condiciones de cumplir los requisitos que solicitamos. El plan del Gobierno de la Ciudad se presentó como respuesta a un incendio que destruyó la villa El Cartón y otro en la Villa 15(su-doeste de la ciudad, área Soldati-Lugones-Bajo Flores). El proyecto se encaró con la ONG de las Madres. Sueños Compartidos ya había hecho el relevamiento de necesidades, cuántas familias lo necesitaban y con cuántos integrantes. Es decir, que de antemano se sabe quién hace la obra y quién es el adjudicatario», siguió explicando.

Además, destacó en la reunión, presidida por Hipólito Faustinelli, titular de la comisión de Viviendas, que en el caso de Madres como con otras ONG «no se trata de subsidios sino de transferencias para obra pública como factor de inclusión social».

«La jurisdicción debe aprobarlo antes de ser presentado. Cuando lo recibimos en la subsecretaría verificamos el avance de obra y si está en orden, se paga», contó a Página 12 sobre la presentación del certificado de obra.

El diputado Horacio Alcuaz (GEN) planteó su sospecha de que el dinero del presunto desfalco puede haber salido del anticipo de financiamiento del 15 por ciento que realiza el gobierno en ese tipo de programas, el cual según dijo Bontempo «se va licuando a medida que se desarrolla la obra».

Bontempo indicó que la obra de Castañares tiene «un costo inicial de 152 millones de pesos. La fecha de inicio, cuando se firmó el convenio, fue el 26 de marzo de 2008».

Gustavo Ferrari y Eduardo Amadeo (PJ Federal), junto a Elsa Quiroz y Juan Carlos Morán (CC) y el propio Faustinelli, entre otros diputados opositores, reafirmaron la presunta falta de controles y existencia de sobreprecios, pero Bontempo descartó que ello exista porque señaló que «hay un precio tope que se paga por vivienda» y los desembolsos son contra certificados de ejecución de obra.

«Muchas preguntas de los diputados buscaban ilustrarse sobre ciertos temas ventilados en una campaña de prensa que pretende involucrar al Estado nacional con este presunto desfalco en la Fundación de las Madres», dijo Bontempo.

«El control lo hace la jurisdicción» (por las provincias o los municipios), repitió varias veces.