Ahora ha sucedido un caso de represión en Colalao del Valle, Tucumán. Los humanistas repudiamos ese proceder y dejamos muy claro que no vamos a aceptar ni a mirar para otro lado cuando se vulnere la dignidad de las personas.
Fechada ayer, día 3 de mayo, esta es la nota de prensa del Partido Humanista.
Repudio a represión violenta contra la Comunidad India Quilmes en Tucumán
El Partido Humanista de Argentina repudia enfáticamente la represión y desalojo que sufrieron el viernes pasado los integrantes de 10 familias de la Comunidad India Quilmes que habitan en Colalao del Valle, provincia de Tucumán, por parte de las fuerzas policiales del Gobierno provincial, que intenta preservar la propiedad privada despojando a la comunidad de su tierra y recursos.
En los acontecimientos participaron más de 30 efectivos policiales contra 23 comuneros indígenas que fueron sorprendidos a primera hora del día con esta medida. En primera fila encabezó las tratativas para evitar el atropello junto a delegados de base y familias de los comuneros, el cacique Francisco Chayle. El dialogo prosperó luego de unos veinte minutos de gases, balas de goma dirigidas a la cara, y palos. Las fuerzas represivas no pudieron avanzar debido a la resistencia de mujeres, niños y ancianos indignados, algunos en llanto, que defendieron sus derechos.
El secretario de Pueblos Originarios del PH, Rodolfo Villalba, integrante de la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle (Tucumán) expresó: “Esta es la tercera vez que ordenan el desalojo. La primera fue además con la policía montada donde quemaron las casas y las paredes de adobe. Cuando la policía se retira dejando apenas una consigna la gente vuelve a ocuparla. Quienes se presentan como propietarios privados reclaman una extensión que va desde la ruta hasta el pie del cerro. Luego del desalojo ocuparon topadoras para desmontar y cercar el predio, también montan una imponente carcelería ploteada sobre los emprendimientos a llevar a cabo, lo que incluye una escuela, un barrio, posta sanitaria, etc. Todo esto con la anuencia del Delegado Comunal de Colalao (Comuna Rural que depende del Poder Ejecutivo de la Provincia). De fondo, tratan de preservar la propiedad privada despojando a la comunidad de su tierra y recursos. Cuentan con la ejecutividad de jueces cómplices que se desentienden de la ley y un Poder Ejecutivo provincial complaciente. La zona de los Valles Calchaquies, como se la conoce, tiene además un clima privilegiado y tierras aptas para la vitivinicultura. En el mismo valle están las localidades de Santa Maria (Catamarca) y Cafayate (Salta) con grandes extensiones de viñedos con tecnología de punta en manos de familias tradicionales, ex gobernadores, y extranjeros. Es decir, no es poca cosa lo que intentan disputar”.
El PH exige al jefe de seguridad ciudadana de la provincia de Tucumán que no se repitan estos acontecimientos violentos, que el gobierno provincial se haga eco de las políticas de no-represión que se han dispuesto desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. En este caso, una vez más, enfatizamos en nuestro principio de no-discriminación, de respecto de la diversidad cultural y del repudio a todo tipo de violencia. Los humanistas respaldamos las protestas que los pueblos originarios de Tucumán se encuentran realizando en defensa de sus derechos más elementales y pedimos que se cumpla la Ley 26.160 que prohíbe el desalojo de pueblos originarios, que está siendo soslayada por jueces que mantienen en su ideario la apropiación de tierras dentro de un marco jurídico para los poderosos.