Saadi no precisó si iría también a los otros dos puntos previstos para la marcha, en el barrio este de Husein Dey, también popular, y a Ain Benian, a una veintena de kilómetros al oeste de Argel.

En la plaza de El Madania, cerca de una terminal de autobuses, unas cuantas decenas de manifestantes que habían llegado antes de la hora de la marcha, 11h00 (10h00 GMT), eran objeto de críticas por personas que decían ser habitantes del barrio.

*»Que Said Saadi traiga a sus hijos de Francia para que se manifiesten. No nos toca hacerlo a nosotros»*, espetó uno de ellos a la AFP.

Una veintena de contramanifestantes gritaban *»Buteflika no es Mubarak»*, el presidente argelino no es como su homólogo egipcio, que fue obligado a renunciar tras la presión de la calle el pasado 18 de febrero.

En los alrededores, unos 200 policías no armados vigilaban la evolución de la situación, pero en la retaguardia, un periodista de la AFP vio al menos ocho blindados de la policía discretamente estacionados en el aparcamiento de la televisión nacional, cercana a a El Madania.

En la plaza de Ain Benian, la policía había erigido barreras para bloquear los accesos a los peatones mientras que vehículos blindados y un gran contingente con cascos vigilaba los accesos.

Por último, en el barrio Hussein Dey, frente al tribunal, solo la policía había hecho acto de presencia, apoyados por vehículos blindados estacionados en los alrededores.

Una decena de manifestantes que habían llegado antes de la hora de la marcha, entre ellos, dos diputados del RCD y Ali Yahia Abdenur, presidente de honor de la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), de 90 años, fueron dispersados por la policía.

En Orán, la gran ciudad del oeste argelino, la CNCD también había convocado una marcha en la Plaza del 1 de noviembre, donde se desplegó un importante dispositivo militar, según un corresponsal.

La oposición asegura que no recibió la autorización para las marchas, que están prohibidas en Argelia desde 2001.

La CNCD, creada el 21 de enero en medio de las revueltas de inicios de año que dejaron 5 muertos y más de 800 heridos, se dividió en febrero entre los partidarios de seguir con la presión en las calles y la sociedad civil y sindicatos autónomos, partidarios de un trabajo de fondo.