A partir de los años ’60 la compañía petrolera Texaco ha explotado los pozos de la región de Sucumbíos en Ecuador. Provocando irremediables pérdidas del ecosistema y provocando innumerables enfermedades en los habitantes de la región. El proceso judicial se inició en 1993 y abarcó los desastres producidos entre 1964 y 1990. La condena exige también la disculpa pública ante los damnificados, en caso de que esto no se cumpliera la pena de 8.600 millones de dólares se vería duplicada.

El juzgado tomó en cuenta más de 80 mil exámenes químicos y toxicológicos y se basó en un centenar de estudios sobre el tema, además de la declaración de cientos de indígenas y campesinos.

Los demandantes del Frente de la Amazonia no están satisfechos con el fallo, puesto que según los cálculos de los peritos la indemnización debería alcanzar los 27 mil millones de dólares. Luis Yanza, vocero de los demandantes, manifestó su malestar ante esta resolución, que no se ajusta a las pruebas presentadas, ya que el monto de la condena no es suficiente para reparar las zonas dañadas.

Los habitantes de Sucumbíos exigen a su vez la extracción de todos los desechos tóxicos abandonados por Texaco en la región habiendo degradado los suelos y el agua, además de haber provocado numerosos casos de cáncer y alergias entre los pobladores, que también exigen una reparación económica por sus pérdidas y la recuperación de las tierras que debieron abandonar por la explotación petrolífera.

Chevron compró en 2001 a la Texaco, debiendo hacerse cargo de todas sus obligaciones. Los abogados de la empresa han asegurado que el fallo es ilegítimo y lo apelarán, incluso ante la Corte Permanente de Arbitrajes de La Haya. La empresa ya había intentado evitar el juicio presentándose en los tribunales de Nueva York, pero ese juzgado le obligó a someterse a las leyes ecuatorianas, sentando un antecedente anticorporativista, que significó su primera derrota de este arduo proceso.

Chevron no tiene activos que puedan ser confiscados en territorio ecuatoriano, pero los demandantes podrían iniciar procesos en otros países donde sí tuviera forma de cumplir con la sentencia.

Rafael Correa, presidente de la nación ecuatoriana, ha declarado haber recibido presiones por parte de la empresa norteamericana, acusando al gobierno de promover una conspiración extorsiva para, de ese modo, desligitimar el proceso judicial.

Es importante recalcar que esta sentencia nunca hubiera sido imposible si el ALCA estuviera funcionando y si la constitución ecuatoriana no hubiera sido reformada. Dicha constitución contempla la conservación del medio ambiente como un derecho vital, con lo cual los crímenes cometidos contra la naturaleza son duramente perseguidos y castigados.