*»No se va a hacer nada que tenga que ver con destruir el ambiente y los ríos, lo único que se está buscando es que el Estado tenga más recursos»*, dijo este martes Martinelli al canal Telemetro, al justificar el proyecto que busca incentivar la inversión extranjera en el sector.

*»El gobierno de Ricardo Martinelli no entiende que las cosas se tienen que consultar y que las leyes no se pueden pasar por encima de la población»*, dijo a la AFP el líder opositor Mitchel Doens, del Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata).

El ejecutivo presentó en el Congreso, de mayoría oficialista, una propuesta de reforma a un código minero de 1963 para atraer inversión de multinacionales, principalmente de Corea del Sur, Singapur y Canadá, que ya mostraron interés por el negocio en Panamá.

Sus defensores alegan que la minería podría convertirse en la segunda fuente de ingresos del Estado, detrás del canal de Panamá, que aporta cerca de 800 millones de dólares anuales al fisco.

Además, se duplicarían las regalías y aumentarían las multas por contaminación y las compañías beneficiarias invertirían en obras sociales en comunidades de extrema pobreza donde la mano del Estado a veces no llega.

Esos argumentos no convencen a amplios sectores sociales, que temen un estallido de la violencia como el desatado en julio en Changuinola (noroeste) contra las reformas al código de trabajo, donde al menos dos personas murieron y centenares resultaron heridos.

*»La reivindicación de nosotros es defender nuestros territorios de la minería hasta las últimas consecuencias»*, advirtió Pedro Rodríguez, presidente de la Comarca Indígena Ngöbe-Buglé.

*»Lo que más nos preocupa es que se repitan hechos violentos con detenidos y muertos como en Changuinola»*, dijo a la AFP el dirigente del opositor Partido Popular (democristiano), Anibal Culiolis.

*»El gobierno tiene la receta perfecta para cocinar lo de Changuinola y está utilizando los mismos ingredientes: la indiferencia y la represión»*, sostuvo por su parte Raisa Banfield, de la Fundación Panamá Sostenible.

Según diversos sondeos y encuestas, la mayoría de panameños rechaza las reformas al código minero, al entender que una mayor actividad minera sería fatal para el medio ambiente y supondría la cesión de la riqueza de los territorios indígenas a compañías extranjeras.

Diversos grupos políticos, empresariales, estudiantiles e indígenas han pedido reiteradamente al gobierno una moratoria para la minería y un mayor debate que pueda acabar en un referéndum y bajar así la tensión en el país.

*»Estos sectores de la mafiocracia que gobierna el país lo que les interesa es amarrar sus negocios y la venta de los recursos naturales y reprimir al pueblo panameño»*, dijo a la AFP el líder sindical Saúl Méndez.

Según grupos ambientalistas, 40% del territorio panameño está sometido a solicitudes de concesiones mineras.

*»Si actualizamos el código que tiene 50 años todos ganamos y si no, la minería seguirá igual como hasta ahora, pero con menos aportes y menos controles y todos perderemos»*, dijo el ministro de comercio Roberto Henríquez, quien se recupera de un infarto que muchos han atribuído a la tensión por las discusiones mineras.