Durante su rendición de cuentas sabatina por radio y televisión, en esta ocasión desde Machala, capital de la provincia bananera y camaronera El Oro, Correa explicó que entre sus atribuciones constitucionales puede proponer una consulta popular.
En este sentido realizó la precisión técnica de que «si la consulta busca enmendar la Constitución o leyes se llama referéndum, si sólo es una consulta sobre temas generales pero sin una reforma precisa, legal o constitucional, se llama consulta popular».
Por ejemplo, puntualizó, declarar a Ecuador libre de juegos de azar, se llama consulta, pero «cuando se pretender cambiar un artículo por otro, ello se denomina referéndum, entonces vamos a tener referéndum y una consulta popular».
«Van a ser unas 10 preguntas que ya están listas y las presentaré personalmente el lunes a la Corte Constitucional, a su Presidente y ojalá puedan estar los demás vocales, para que califiquen la procedencia y la validez constitucional de las preguntas».
El Jefe de Estado dijo que «esperamos tener toda la colaboración de parte de ellos. Esa consulta permite el deseo de todo un pueblo y luego de eso pasa al Consejo Nacional Electoral para que organice el proceso electoral».
Correa expresó su confianza en que el pueblo ecuatoriano respalde «con un sí rotundo» a este nuevo proceso electoral consulta popular, cuyo costo fue estimado por el Consejo Nacional Electoral en unos 28 millones de dólares.
El mandatario insistió que los sectores de la oposición «están asustadísimos y ya verán como empiezan a boicotear, porque no buscan el bien de la patria sino hacerle daño al Gobierno».
En la consulta popular se incluyen preguntas sobre seguridad ciudadana, caducidad de prisión preventiva, medidas cautelares preventivas, y reestructuración del sistema de justicia. «Esto es algo urgente», dijo, y reiteró a los ecuatorianos que nunca serán defraudados.
