La decisión entrará en vigor el próximo día 1 y afectará a unos 20 millones de hogares acogidos a la Tarifa eléctrica de Último Recurso (TUR), que comenzarán a pagar como promedio unos cuatro euros al mes (40 euros más al año) en su factura.
Con el advenimiento del nuevo año, el gas natural también se encarecerá 3,9 por ciento para unos 6,5 millones de consumidores, quienes tendrán que erogar 0,56 y 1,66 euros mensuales por encima al precio actual, según el tipo de tarifa contratada.
El de la luz es el tercer aumento en apenas 12 meses y se suma al 2,64 por ciento decretado en enero pasado, al 4,8 por ciento aprobado en julio y a los dos puntos con que se grava el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la tarifa eléctrica.
Se trata, además, del mayor incremento desde que se inició la liberalización del sector eléctrico en 1997, destacaron analistas.
Llega, asimismo, cuando el gasto medio de las viviendas en electricidad va camino a superar los 700 euros anuales, tras haber encadenado un lustro de incrementos muy por encima de la inflación, advirtieron los propios entendidos en la materia.
Quedan al margen de la subida de la energía unos tres millones de titulares con potencias inferiores a los tres kilovatios y beneficiarios del bono social, así como los hogares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas y quienes perciban pensiones mínimas.
Diversas asociaciones de defensa del consumidor calificaron de escandalosa, inaceptable e insostenible la escalada de precios en estas prestaciones de primera necesidad.
En declaraciones a la agencia estatal de noticias EFE, el portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios, David Hurtado, consideró intolerable y fuera de todo lugar el incremento del recibo de la luz. A su juicio, este recargo perjudica y lesiona los intereses de los usuarios, quienes en estos años, denunció, no han recibido ni mejoras en el servicio ni una buena atención al cliente, además de llegar en el peor momento posible, en medio de una profunda crisis.
FACUA-Consumidores en Acción alertó que el aumento de las tarifas eléctricas puede ser muy superior al 9,8 por ciento anunciado, en función del nivel de consumo de las familias.
Luego de calificar el alza de brutal tarifazo, la organización lamentó que la administración de Rodríguez Zapatero castigue la economía de los españoles en plena debacle económica para satisfacer los intereses de las compañías eléctricas.
Remarcó que la carestía de este servicio continuará mientras la tarifa se fije en consonancia con los intereses del gran capital y sin cuestionar el elevado precio del mercado mayorista de la generación y el oscuro sistema de subastas en el que se basa.
Para la Unión de Consumidores de España, la medida responde a un pacto del oligopolio vigente en el sector energético.
Por añadidura, el Ejecutivo encabezado por el Partido Socialista Obrero Español, obsesionado con reducir el déficit público para tranquilizar a los mercados, dio el visto bueno a un aumento de los pasajes en los trenes de alta velocidad (AVE) y larga distancia.
A partir del 1 de enero, las tarifas del AVE trepan 2,3 por ciento, mientras que los billetes del tren de cercanías y media distancia, de mayor demanda, ascienden 3,1 por ciento.