Sin embargo, Nicolás Sarkozy vuelve a acudir a sus prácticas de lanzar cortinas de humo por todas partes para atemperar la crisis.

El caso de los gitanos y también las protestas frente a los cambios a la legislación de jubilaciones exacerbaron el ambiente en el país, pero de igual forma surgieron noticias o elementos destinados a desviar la atención de los medios.

La boda probablemente anticipada del ministro de Inmigración, Eric Besson, con una jovencita; el próximo cambio de figuras en el Gobierno y las interrogantes acerca del actual premier, Francois Fillon, escalan el éter informativo.

También, una polémica en cierne a partir de la iniciativa de Sarkozy de situar el futuro Museo de Historia de Francia en la sede actual del Archivo Nacional, y hasta la aparición de dos libros, uno despiadado y otro rosa, de la vida de su esposa Carla Bruni.

De todas formas, la víspera, Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se sumó a las críticas a Francia por el desmantelamiento de campamentos gitanos y la deportación de sus miembros.

Consideró que son inapropiadas las nuevas políticas galas hacia los gitanos, incluida la destrucción de sus asentamientos y las deportaciones colectivas hacia su país de origen.

*»Esto sólo puede exacerbar el estigma de los romanís y la extrema pobreza en que viven»*, remarcó Pillay en el Palais des Nations de Ginebra.

Antes, el comité especializado de la ONU para la cuestión migratoria, el Vaticano, numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, fustigaron la actitud de París.

Pese a los intentos de Besson de minimizar la directiva de su homólogo del Ministerio del Interior que estigmatiza a los gitanos y la existencia ahora de un documento sustituto, el problema no quedó archivado como pretendían.

La revelación por medios de prensa del contenido de la circular señala explícitamente a los gitanos en su política de expulsiones.

De acuerdo con diversas fuentes, el documento del 5 de agosto deja en claro que *»300 campamentos o albergues ilícitos deberán ser evacuados en tres meses, con prioridad a aquellos de gitanos»*.

La acción del Gobierno francés es jurídicamente ilegal, ya que se concentra directamente en una categoría de población y no en grupos o individuos incriminados por ciertos delitos, denunciaron las ONGs.

Estadísticas oficiales revelaron que en el transcurso del año, Francia expulsó a más de nueve mil gitanos de su territorio, mil de ellos en agosto.

Los partidos de izquierda fustigaron la actuación de Sarkozy y sus colaboradores y parecieron cerrar filas respecto a este asunto y asimismo en las protestas contra la nueva ley de retiros, todavía en debate parlamentario.

A todas luces, no parecen salir airosas las cortinas de humo con otro punto delicado en el acontecer nacional: las acusaciones del diario Le Monde al Elíseo (sede del jefe de Estado) de espionaje a sus labores en las investigaciones del escándalo L’Oréal.