La Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) está evaluando una eventual declaración del
acceso al agua y al saneamiento como derecho humano irrevocable. El proceso fue iniciado
por el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su embajador ante ONU, Pablo Solón,
y es apoyado por varias otras delegaciones. El presidente de dicho país, Evo Morales,
señaló: “El derecho a la vida es imposible sin el acceso al vital líquido. Ese desafío debía
integrar las llamadas metas del milenio, que hasta 2015 estará dedicado a la dotación de
agua potable y saneamiento básico. Mi pedido es a los presidentes y a los gobiernos para
que Naciones Unidas apruebe el acceso al agua potable como derecho humano”.

Se trata de la primera ocasión que se le ha solicitado a la Asamblea General tratar el tema
del agua y el saneamiento limpio y seguro, el cual no figura en la Declaración Universal
de Derechos Humanos de 1948. De acuerdo con los datos ofrecidos por Solón, la falta
de acceso al agua potable y servicios de saneamiento provoca la muerte de un niño
cada ocho segundos, la más alta tasa de letalidad de las patologías en el planeta. De los
aproximadamente 6500 millones de personas que viven en el mundo actualmente, 884
millones no tienen acceso al agua potable y 2600 millones no cuentan con los servicios
mínimos de saneamiento.

Diversas organizaciones civiles en todo el mundo apoyan la iniciativa. En una carta
enviada a los representantes de los 192 Estados miembros de la ONU, Maude Barlow,
fundadora del Proyecto Planeta Azul (movimiento de la sociedad civil internacional contra
la privatización del agua, con sede en Canadá), y quien fuera asesora del 63º presidente de
la Asamblea General en el periodo 2008-2009, recalcó: “Es tiempo de que la política se
acerque a la realidad, pues nada menos que 2 billones de personas viven en áreas con stress
hídrico del mundo y tres billones no tienen agua disponible a un kilómetro de sus casas,
por lo que, en 2010, no es exagerado decir que la dificultad de acceder al agua potable es
una de las peores violaciones a los derechos humanos. Si la Asamblea General, de 192
miembros, adopta la resolución será una de las cosas más importantes que haya hecho la
ONU desde su Declaración Universal fundacional de 1948”.

Por su parte, Ann-Mari Karlsson, del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI,
por sus siglas en inglés), agregó: “Coincidimos con la posición de expertos independientes
de la ONU, que sostienen que el derecho al agua y al saneamiento son parte de un estándar
de vida adecuado, derecho ya protegido por el artículo 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es importante que la resolución de la ONU
lo aclare bien, lo que por ahora no hace. Además, en este contexto, no puede subestimarse
la importancia del saneamiento. El acceso al agua y la disponibilidad del saneamiento están
estrechamente vinculados. Pero en el marco de los Objetivos de Desarrollo de la Naciones
Unidas para el Milenio se está más lejos de alcanzar lo primero que lo segundo. Debería
reflejarse eso en la resolución. No estamos contra la privatización como principio. Nuestra
principal preocupación es que el Estado asuma su responsabilidad de regular y supervisar
las actividades del sector privado para que todo el mundo tenga agua potable y corriente y
saneamiento. No es relevante si el servicio lo brinda una empresa pública o privada, pero sí
que el agua y el saneamiento sean considerados derechos humanos”.