James Anaya, Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, exhortó desde Ginebra, Suiza, al diálogo y el entendimiento entre los actores políticos y las organizaciones indígenas del Ecuador, *“para construir de manera participativa y consultada los mecanismos de coordinación y de cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena”*.
Para el Relator Especial es fundamental que este diálogo y entendimiento se construya a partir de los principios de tolerancia y respeto a los derechos humanos. En sus declaraciones, condenó la estigmatización que el gobierno ecuatoriano presidido por Rafael Correa está haciendo al ejercicio de la justicia indígena, al afirmar que *“resulta contraproducente para la construcción del Estado intercultural y plurinacional que declara la Constitución Política de Ecuador, que se llegue a calificar de salvaje y violatoria de los derechos humanos a toda expresión de la justicia indígena, basados en información parcial e incompleta de medios de comunicación sobre un caso ocurrido el 9 de mayo 2010 en la comunidad de la Cocha, Provincia de Cotopaxi»*.
James Anaya advirtió también que las declaraciones y comentario de las autoridades del gobierno ecuatoriano pueden provocar un ambiente de polarización, subrayando que tales declaraciones y comentarios, publicados por los medios de comunicación, *»trascienden la crítica razonable y ponderada de un caso concreto de aplicación de la justicia indígena y corren el riesgo de ser percibidos como posiciones que alientan visiones racistas y discriminatorias contra el conjunto de los pueblos indígenas de Ecuador»*.
En Ecuador, los derechos de los pueblos indígenas y, en particular, el derecho a disfrutar de sus propias leyes, están reconocidos en la Constitución de 2008 y en los tratados internacionales suscritos por el país. La Constitución reconoce la igualdad entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, y establece que los principios de relación entre ambas son de cooperación y coordinación.
De acuerdo a la información difundida por los organismos de derechos Humanos de la ONU, James Anaya señaló que la citada norma constitucional *“no sólo es coherente con los estándares internacionales sobre la materia, sino que reconoce la realidad innegable de la existencia y funcionamiento efectivo durante centenares de años de varios sistemas de justicia indígena que corresponden a distintas nacionalidades y pueblos que conviven en el país.»*
En tal sentido –agrega la nota- el Relator Especial instó a la sociedad y las autoridades ecuatorianas a reconocer el funcionamiento efectivo y pacífico de las justicias ancestrales en la enorme mayoría de casos. *»Esto supone un proceso de mayor diálogo con las autoridades indígenas y conocimiento de las justicias ancestrales, así como el apoyo de análisis jurídico-antropológicos, especialmente en el tema de los derechos humanos»*, recalcó.
*»Para garantizar el derecho de todos a la justicia»*, exhortó el Relator Especial de la ONU, *»las autoridades ecuatorianas deben redoblar sus esfuerzos para fortalecer las capacidades tanto de la justicia ordinaria como de la justicia indígena, de modo que ambas sean instrumentos efectivos de lucha contra la impunidad dentro del respeto a los derechos humanos»*.
