El 24 de marzo de 1976 se instaló en nuestro país la Dictadura más sangrienta que habría de conocer la historia argentina, con un saldo de muerte y desaparición sin precedentes, por su magnitud y sus características. La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.

Casi una generación, jóvenes en el marco de un contexto de lucha regional e internacional, aspiraban a construir un mundo mejor.

Con un negativo clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el «orden», sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y «desaparecieron». Mientras tanto, mucha gente se exilió.

Hoy, 34 años después de aquella oscura y larga noche, sus consecuencias perduran instaladas traumáticamente en nuestra historia. Aquel genocidio, que tuvo como objetivo crear la condición de posibilidad para instalar un modelo de hambre y exclusión que es el que posteriormente habría de someter a sectores mayoritarios de la población a la más absoluta miseria, reactualiza de manera siniestra la figura de la desaparición en la del excluido del sistema.

La censura

Comunicado N° 19, 24/03/76
Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales. (Diario «La Prensa», 24 de marzo de 1976).

El Instituto Espacio para la Memoria dice en su Documento Fundacional: “…La necesidad de avanzar hacia un país diferente, sustentado en la justicia y la solidaridad, nos obliga a ejercitar la memoria, apropiándonos críticamente del pasado para alumbrar el presente hacia la construcción del futuro… La experiencia del Terrorismo de Estado dejó graves secuelas en la sociedad argentina, en su imaginario colectivo, en sus prácticas políticas, sociales y culturales y en las formas de pensar su pasado y de pensarse a sí misma… La dictadura militar instaurada en la Argentina el 24 de marzo de 1976, como parte de una estrategia global para América Latina, implementó un régimen represivo que por su naturaleza, dimensión y modalidades no tiene precedentes en la historia nacional. Sin embargo, no fue una irrupción intempestiva. La cultura política argentina reconoce tradiciones y prácticas autoritarias y represivas en la permanente alternancia de dictaduras militares y democracias restringidas durante gran parte del siglo XX. El régimen implementado entre 1976 y 1983 no fue algo ajeno a la sociedad argentina, sino parte de una trama…”

La guerra sucia

La «desaparición» fue la fórmula más siniestra de la «guerra sucia»: el «objetivo» del régimen era secuestrar («chupar») por parte de un comando paramilitar («grupo de tareas» o «patota») donde el “subversivo”, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los «desaparecidos» al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.

El 24 de marzo, teñido de muerte y desaparición, se convirtió también en una jornada de lucha a través de la cual la sociedad repudia la injusticia, la impunidad, la ignominia.

La tortura

Todos estaban incluidos en la categoría de «enemigos de la nación». La metodología implementada consistió en la desaparición de personas, las cuales en realidad eran llevadas a centros clandestinos de detención, operados por las FFAA., donde se los sometía a interrogatorios basados en tormentos físicos.

Hoy, ante la desaparición de Jorge Julio López, se hace necesario denunciar las consecuencias nefastas de la impunidad y la necesidad de justicia. Es preciso avanzar en el plano de la reflexión y las ideas para fortalecer y afianzar nuestra acción y prácticas cotidianas a través de herramientas de construcción colectivas que, como el Instituto Espacio para la Memoria, contribuyen a la lucha por una sociedad más justa.