El Informe destaca que la pérdida de territorios pone a los pueblos indígenas al borde de la extinción, debido a “la importancia de la tierra y territorios para la identidad indígena”. Y porque “esos pueblos han quedado excluidos de los procesos de adopción de decisiones y de los marcos normativos de los Estados nación en los que viven y han sido objeto de procesos de dominación y discriminación, se ha considerado que sus culturas son inferiores, primitivas, intrascendentes, algo que debe ser erradicado o transformado”.
En este mismo tema, el Informe dice que “son muy pocos los países que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, pero ni siquiera en esos países se han completado los procedimientos de otorgamiento de títulos y de demarcación (…). Aun en los casos en que los pueblos indígenas poseen títulos legítimos de propiedad de sus tierras, esas tierras suelen ser arrendadas por el Estado como concesiones mineras o madereras sin consultar con los pueblos indígenas y, menos aún, pedir su consentimiento libre y fundamentado previo. La falta de seguridad jurídica de la tenencia sigue siendo un problema decisivo para los pueblos indígenas en casi todas partes”.
El desplazamiento forzoso como consecuencia de proyectos inconsultos en territorios indígenas también es denunciado en el Informe: “Las grandes represas y las actividades mineras han causado en muchos países el desplazamiento forzado de miles de personas y familias indígenas, que no han recibido una indemnización adecuada. Varias comunidades han sido trasladadas (…) en contra de su voluntad, mientras que el desarrollo turístico de algunos países ha causado el desplazamiento de poblaciones indígenas y su creciente empobrecimiento. Cuando los pueblos indígenas han reaccionado y han tratado de hacer valer sus derechos, en muchos casos han sido objeto de maltrato físico, encarcelamiento, tortura e, incluso, han perecido”.
Otro rasgo distintivo de la identidad indígena son las lenguas originarias. El Informe de la ONU advierte que cerca del 90% de estos idiomas podrían desaparecer en los próximos cien años. Y denuncia que “la mayoría de los gobiernos son conscientes de esta crisis de la lengua, pero los fondos que se asignan suelen destinarse solamente a dejar constancia de su existencia y muy poco va a parar a programas de revitalización de los idiomas. La lengua, por otra parte, no es sólo un medio de comunicación, sino que suele estar vinculada con la tierra o región que tradicionalmente han ocupado los pueblos indígenas; es un componente esencial de la identidad colectiva e individual de la persona y, por consiguiente, da un sentido de pertenencia y comunidad. Cuando el idioma muere, ese sentido de comunidad se deteriora”.
Un tercer rasgo distintivo de la identidad es el alimento tradicional. “Este reconocimiento ha dado lugar a llamamientos a los gobiernos para que incorporen la cultura en el desarrollo de la agricultura sostenible, los sistemas alimentarios y las prácticas, políticas y programas relacionados con ellos que respeten y apoyen el bienestar de los pueblos indígenas”, señala el Informe. Sin embargo, los monocultivos, las semillas transgénicas, los programas de reforestación, los agrocombustibles y la prioridad para la agroexportación, contradicen este llamado de la ONU.
Sobre este punto, el Informe puntualiza que “la promoción de las nuevas tecnologías, como las semillas mejoradas, los fertilizantes y plaguicidas químicos, etc., y la introducción de planes de cultivos comerciales y grandes plantaciones han causado la degradación ambiental y destruido ecosistemas autosostenibles, lo que ha afectado a muchas comunidades indígenas hasta el punto de obligarlas a reasentarse en otro lugar”.
La identidad de los pueblos indígenas se sustenta también en sus conocimientos tradicionales y sus sistemas de justicia, transmitidos de generación en generación. Al respecto, el Informe de la ONU indica que “desde tiempos inmemoriales los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido los depositarios de los conocimientos y los recursos tradicionales y han aplicado el derecho consuetudinario consagrado en su cosmología espiritual. Los colonizadores y los Estados poscoloniales debilitaron y destruyeron gran parte de los conocimientos tradicionales, que incluyen el derecho consuetudinario, al imponer sus propios sistemas jurídicos, sus conocimientos y su concepción del mundo a los pueblos indígenas. Pero en la actualidad se aprecia cada vez más el valor y el potencial de los conocimientos tradicionales”.
Sistemas educativos ajenos a su identidad también constituyen una amenaza permanente para los pueblos indígenas. El Informe de la ONU subraya que “los sistemas de enseñanza no respetan las diversas culturas de los pueblos indígenas. Son muy pocos los maestros que hablan sus idiomas y sus escuelas suelen carecer de materiales básicos. Los materiales pedagógicos que proporcionan información exacta e imparcial acerca de los pueblos indígenas y de sus modos de vida son muy escasos”.
Agrega que “cuando los escolares indígenas se ven expuestos solamente a la ideología nacional en detrimento de su ideología nativa, están en peligro de perder parte de su identidad, su conexión con sus padres y antepasados y, en última instancia, de quedar atrapados en tierra de nadie, lo cual los despoja de un importante aspecto de su identidad sin que por ello lleguen a ser totalmente asimilados por la sociedad nacional dominante. (…) La educación que el Estado les ofrece promueve el individualismo y una atmósfera competitiva, en lugar de formas comunitarias de vida y cooperación. No se les enseñan técnicas de supervivencia ni de trabajo adecuadas para las economías indígenas, y en muchos casos regresan a sus comunidades con una enseñanza oficial que es irrelevante o inapropiada para sus necesidades”.
Toda esta vulneración de derechos constituye una forma de violencia dirigida al exterminio cultural de los pueblos indígenas. Pero éstos también están expuestos al exterminio físico directo. “Pese a todos los adelantos positivos logrados en el establecimiento de normas de derechos humanos a nivel internacional, los pueblos indígenas siguen enfrentando graves violaciones cotidianas de esos derechos. (…) La violencia y la brutalidad, la perpetuación de las políticas de asimilación, la marginación, el despojo de sus tierras, la expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos a la tierra, los efectos del desarrollo en gran escala, los abusos de las fuerzas militares y los conflictos armados (…) son una realidad para las comunidades indígenas de todo el mundo. Los actos de violencia y brutalidad se observan en todos los confines del mundo indígena, la mayoría de las veces perpetrados contra personas indígenas que están defendiendo sus derechos y sus tierras, territorios y comunidades”, denuncia el Informe de la ONU.
El racismo es otra forma de violencia. “No son pocas las veces que los pueblos indígenas plantean cuestiones relacionadas con la discriminación sistémica y el racismo directo del Estado y sus autoridades. Esta discriminación se manifiesta de distintas maneras, como interrogatorios frecuentes e innecesarios por la policía, actitudes condescendientes de los maestros hacia los alumnos o la descortesía de una recepcionista en una oficina pública. En su expresión más extrema, estas formas de discriminación terminan en burdas violaciones de los derechos humanos, como asesinato, violación y otras formas de violencia o intimidación. Suele ser difícil cuantificar y verificar estas formas de discriminación pues las autoridades simplemente no dejan constancia de ellas o no las desglosan por origen étnico”, sustenta el Informe.
La ONU también denuncia la criminalización del ejercicio de derechos, a la que denomina “tipificación de la protesta como delito”: “Las personas indígenas con frecuencia son llevadas bajo arresto debido a que se han tipificado como delito las actividades de protesta social. Una de las deficiencias más graves en la protección de los derechos humanos en los últimos años es la tendencia a utilizar la legislación y el sistema de justicia para castigar y tipificar como delito las actividades de protesta social y las legítimas demandas interpuestas por las organizaciones y los movimientos indígenas en la defensa de sus derechos”.
[Informe ONU](http://www.minkandina.org/files.php?file=informe_onu_ppii_387463861.pdf)