La Asamblea permanente El Algarrobo, de Andalgalá, Catamarca, acaba de sufrir una nueva batería de amenazas e intimidaciones. Los manifestantes vienen sosteniendo un corte selectivo de ruta para impedir el paso de vehículos mineros con destino a la pretendida explotación de la futura mina Agua Rica. En una reciente entrevista radial, el intendente de Andalgalá, José Perea, declaró, si es necesario, matará a las personas que están manteniendo el corte contra Agua Rica.

“Estas declaraciones constituyen una gravísima amenaza a la paz social de esta ciudad y de toda la provincia de Catamarca y de la región –sostienen los miembros de la Asamblea– Es totalmente inaceptable que un funcionario que debería gobernar para todos los ciudadanos, profiera públicamente amenazas de muerte con tal de llevar adelante un proyecto minero seriamente cuestionado por gran parte de la población, como ha quedado demostrado en las multitudinarias marchas realizadas en los últimos días en la ciudad de Andalgalá”.

Como se sabe, las industrias extractivas, y la minería a cielo abierto en particular, afectan directa e irreversiblemente el ecosistema natural y humano de las regiones donde se establecen, apropiándose ilegalmente de enormes volúmenes de agua dulce, volando montañas enteras y regando el suelo con desechos contaminantes y químicos pulverizados sin control alguno por parte del Estado.

El proyecto Agua Rica afectará los Valles Calchaquíes y a las provincias de Catamarca, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. En Argentina, 165 proyectos de explotación esperan luz verde este año para avanzar en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. El más avanzado es Pascua-Lama, de la Barrick Gold, en el límite con Chile, a 4.500 metros de altura, en San Juan, donde se prevé hacer estallar un glaciar entero. El lobby de la multinacional y del gobierno de José Luis Gioja provocó que en 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetara la ley de protección de glaciares sancionada por el Congreso nacional.

En Mendoza hay dos pertenencias extractivas en ciernes. Una es Potasio Río Colorado, de la brasileña Vale, en Malargüe, pródigo en cloruro de potasio para las fábricas de fertilizantes. Su explotación debería convulsionar al país, pues consumirá un millón de metros cúbicos de gas por día, equivalente a un tercio del que se importa de Bolivia. Utilizará la misma cantidad de energía eléctrica que la provincia de Tucumán. Agotará fuentes de agua y provocará un impacto ambiental insalvable reconocido por el propio Consejo Provincial del Ambiente. A la provincia le dejaría menos del 4% de lo que embolsará la minera.