La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste, conformada por activistas y organizaciones de defensa del medio ambiente, sigue tratando de convencer a un tribunal puertorriqueño de que revierta un decreto gubernamental dirigido a reemplazar una importante reserva de vida silvestre por proyectos inmobiliarios y comerciales. El 25 de enero, la Coalición presentó un recurso de amparo solicitando la derogación de una orden ejecutiva emitida en octubre de 2009 por el gobernador Luis Fortuño que retiraba el estatus de reserva natural al Corredor Ecológico del Noreste (CEN), un área de más de 3 mil hectáreas caracterizada por su alta biodiversidad.
El CEN es hábitat de especies en peligro de extinción, desde pelícanos hasta manatíes, y es importante lugar de desove de las tortugas tinglar, cuya supervivencia se encuentra gravemente amenazada. La zona convoca anualmente a decenas de científicos de todo el mundo que concurren para desarrollar diversos estudios. La orden ejecutiva de Fortuño —del anexionista Partido Nuevo Progresista que asumió la gobernación de la isla en enero de 2009— apunta a reemplazar un área de gran sensibilidad ecológica por resorts de lujo y otros negocios inmobiliarios.
“Volvemos a recurrir a los tribunales para que hagan valer el mandato constitucional sobre la mejor conservación y aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio general de la ciudadanía, el cual ha sido violentado por el gobernador Fortuño tras convertirse en el primer mandatario en nuestra historia en eliminar una reserva natural”, dijo Luis Jorge Rivera Herrera, planificador y científico ambiental de Iniciativa para un Desarrollo Sustentable.
Según Camilla Feibelman, coordinadora de Sierra Club, organización afiliada a la Coalición, las autoridades que apoyan el retiro del estatus de área protegida sostienen que nunca se realizó ningún estudio científico que justificara la designación y delimitación del CEN como reserva natural. “Esto es completamente falso”, manifestó Feibelman, “ya que en la década de 1970 agencias federales, estatales y organizaciones conservacionistas internacionales… han realizado estudios o llevado a cabo diversas gestiones para lograr ese fin”.
Entre los demandados se encuentran también el Presidente de la JP, el Ing. Héctor Morales Vargas, y el Secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Daniel Galán Kercadó, con el propósito de que ambos funcionarios desistan de cualquier gestión que altere los límites originales de la Reserva Natural del CEN y que resulte en menoscabo de su conservación.
En la demanda se establece que la orden ejecutiva y la resolución de la JP son ilegales, ya que ambas son contrarias a numerosas leyes dirigidas a lograr la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los terrenos. Además, se señala que era necesaria la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental previo a que se emitieran ambas disposiciones, de manera de poder determinar los impactos ambientales resultantes de su aprobación.
