La II Conferencia Internacional fue organizada por el Servicio de Paz y Justicia-América Latina, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos y el Centro Cultural de la Cooperación.
El primer día de la jornada, a las 17.30, se realizó el lanzamiento de la campaña nacional contra las bases militares. En un comunicado, el Movimiento por la Soberanía y la Integración de los Pueblos (MOSIP), asumió el desafío planteado por el presidente boliviano, Evo Morales, y se proponen impulsar en Argentina “una amplia campaña nacional que permita profundizar el tema y favorecer la participación y el pronunciamiento de amplios sectores de nuestro pueblo”.
El martes, también a las 17.30, se inauguró la conferencia y se proyectó el documental “OTAN, 60 años de militarización y guerra”, hablaron algunos de los participantes y se presentaron las delegaciones de Colombia, Panamá, Cuba, Uruguay, Ecuador, Brasil, México, y Perú entre otros países.
El miércoles, a las 10, comenzó la conferencia con la disertación de Patricia Olguin del Frente democrático para la Liberación de Palestina (FDLP). Luego expuso Pelao Carvallo, de Internacional de Resistentes a la guerra (Europa), organización que promueve la no-violencia.
Carvallo señaló que las bases militares siempre fueron campos de concentración y que través de ellas se promovieron los golpes militares. A su vez, destacó la vinculación de las mismas con los negocios inmobiliarios. Refiriéndose a las bases militares urbanas mencionó el caso de Chile, donde se observó el surgimiento de grupos neonazis en zonas de influencia de las mismas.
Luego, Julio Cesar Incapié, representante del Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE) de Colombia, expuso sobre la temática describiendo, en proceso, cómo comenzaron a instalarse las bases militares: “En 1962, el gobierno norteamericano recomendaba a Colombia la creación de grupos paramilitares con el objetivo de sofocar insurrecciones. Como todos sabrán, en ese año las FARC no existían”. También dio a conocer los casos de “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de campesinos disfrazados de guerrilleros, que según sus datos llegarían a 4000.
Más tarde, Guillermo Sullings, por la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, habló sobre las exigencias del proyecto: “Esta marcha, que comenzó en Nueva Zelanda y que actualmente se encuentra en Estados Unidos, exige: el desmantelamiento de los arsenales nucleares, el retiro de tropas de los territorios ocupados, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver conflictos”. Y destacó que “las bases militares también son invasoras porque están prestas a atacar a cualquiera de nuestros países. La instalación de bases militares genera como respuesta el aumento del armamentismo”.
También estuvieron presentes: Robinson Salazar, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (México), Julio Yao, Serpaj-Panamá, José Ramón Rodríguez, Presidente del Movimiento cubano por la paz, Socorro Gómez, Presidenta del Consejo Mundial por la Paz (Brasil), Atilio Borón, politólogo y sociólogo argentino, y Berta Cáceres, Frente Nacional de Resistencia de Honduras, entre otros.
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