Entre septiembre de 1982 y octubre de 1984, durante el conflicto armado interno, Felipe Cisanero Coj realizó seis detenciones ilegales en la aldea de Choatalum, departamento de Chimaltenango, Guatemala.
Luego de llegar a la fase de juicio oral y público en marzo de 2008, el proceso se suspendió por 15 meses debido a que la defensa planteó la inconstitucionalidad del mismo. Frente a esto, la Corte de Constitucionalidad estableció la naturaleza permanente y continuada del delito de desaparición forzada de personas, lo que posibilitó reanudar el juicio el pasado mes.
En el proceso judicial se presentaron testimonios de los familiares que fueron testigos de las detenciones: el Informe Guatemala Nunca Más, el Informe Memoria del Silencio y documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), esta sentencia “es de gran importancia para las miles de víctimas del conflicto armado interno, ya que abre una luz de esperanza para quienes sufrieron los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado de Guatemala a través de sus fuerzas represoras».
Fuente: Pulsar
