Los Pueblos Originarios de Argentina han manifestado públicamente su respaldo a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que recibió media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la Nación el jueves 17 de septiembre. “Responde a la propuesta presentada por el más amplio espectro de los sectores sociales” y permite “dar a conocer nuestra cosmovisión y establecer vías de interacción con otros Pueblos”, aseguraron a través de un comunicado titulado “El Derecho a la comunicación con identidad”.

En tanto colectivos con identidades culturales propias, los 36 Pueblos Originarios de Argentina hablan 16 idiomas diferentes al español y tienen sus propios modos y medios de comunicación. “Son una expresión de cosmovisiones diferentes a la occidental, por lo que son horizontales, no lucrativas, democráticas y necesariamente colectivas”, explican.

La nueva Ley tiene entre sus objetivos “la preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los pueblos originarios” y los contempla como una cuarta categoría de prestadores de servicios de comunicación, propuesta que fue realizada por Encuentro Nacional de Organizaciones de Pueblos Originarios tras haber participado en los 24 foros organizados por el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER).

En tanto personas de derecho público no estatal reconocidas en la constitución argentina, los pueblos indígenas podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Dicha posibilidad, sin embargo, no era reconocida por el marco legal vigente, sancionado como decreto-ley durante la última dictadura militar (1976-1983), ni por los sucesivos decretos firmados por el poder ejecutivo desde el regreso de la democracia.

“La participación en la sociedad de la información y el conocimiento, constituyen uno de los principales instrumentos mediante los cuales se ejerce el derecho a la identidad y a mantener y desarrollar los propios modelos culturales, el derecho a la autoorganización y el derecho a la participación en todos los asuntos que nos afecten”, aseguran.

En la actualidad, existe una gran brecha entre la implementación de los derechos reconocidos por la constitución nacional y la realidad en los espacios territoriales de los aborígenes. Tras años de colonización y avasallamiento estatal, los Pueblos Originarios carecen de acceso al trabajo remunerado y los servicios básicos en materia de salud, educación y comunicación.

Sin embargo, “somos continuamente invisibilizados por los medios de comunicación –denuncian-. Nuestras voces son silenciadas, censuradas por lo que denunciamos como el colonialismo mediático, que sólo muestra una imagen estereotipada de nosotros, racista y eurocéntrica, cuando no está exaltando los valores de una sola cultura blanca y occidental”.

Y agregan: “Estos mismos monopolios informativos son los que presentan a la realidad de los Pueblos Originarios como ´problemática indígena´ o ´conflicto indígena´”, desconociendo “la arremetida de los gobiernos provinciales en las comunidades”, “la violencia justificada en el profundo racismo para ocultar los intereses económicos que los motivan” y “los desalojos, las industrias extractivas y la maldita soja, que hacen estragos en nuestras vidas”.

Esta comprensión de la comunicación indígena por parte de la nueva Ley (sus elementos culturales y filosóficos, políticos y sociales, enraizados en la profunda historia de los Pueblos Originarios) representa un avance en la construcción de un mapa mediático “que refleje a sus pueblos, que aporte en la construcción de democratizar nuestras sociedades, que restituya la voz a los tantos siglos silenciados”, concluyeron.