Su rostro me miró desde las páginas de un periódico. Un anciano sentado al filo de la cama, los pies colgando sobre el suelo de tierra de su choza en un campamento en Tennant Creek, en el Territorio Norte de Australia. Estaba ciego y solo, con sus perros como única compañía. El periódico decía que se llamaba Nicky Nothing. “Viejo”, pensé, “¿cuántos hombres como tú conocemos y por qué no hemos oído nunca tu voz?”.
Esta es mi pregunta a Australia pasado ya medio mandato del Gobierno liderado por el primer ministro Kevin Rudd. Después de todo lo que ha ocurrido y lo que no ha ocurrido para Nicky y todos los demás, ¿es posible un acercamiento entre los australianos blancos y negros?
Si tu respuesta es “no”, Australia está condenada a no alcanzar nunca la grandeza. Nuestra respuesta deber ser “sí”. Sí, aún tenemos un largo camino por delante, una lucha dura y mucho trabajo por hacer. Sí, nos hará falta paciencia y persistencia. Y sí, todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de denunciar en voz alta cualquier forma de racismo y discriminación.
Lo que falla actualmente en la relación entre australianos blancos y negros es la confianza. En lugar de confianza, la relación de Australia con sus pueblos indígenas está marcada por una pauta muy antigua de traición. Cada vez que se hace una promesa, se aprueba una ley o se extiende una mano amistosamente, parece que terminemos traicionando nuestras buenas intenciones.
Australia tardó muchísimo tiempo en reconocer los derechos humanos más fundamentales de sus ciudadanos indígenas. Y al poco de hacerlo, los abandonamos a la ciudadanía de segunda clase. Puede que hayamos dejado de clasificar a los aborígenes como flora y fauna, pero nos olvidamos de que eran seres humanos y nos llevamos a los niños del seno de sus familias. Australia tardó casi dos siglos en reconocer los derechos de propiedad sobre la tierra de los aborígenes, pero en cuanto pudimos, deshicimos las sentencias del Tribunal Supremo en los casos Wik y Mabo y apelamos contra el establecimiento de los Títulos Nativos. Tratamos a los aborígenes como humildes sirvientes y luego protestamos por los sueldos robados. Aceptamos de boquilla el derecho de los pueblos indígenas a hablar sus lenguas y de reivindicar sus culturas milenarias pero, durante más de una década y de forma implacable, la política gubernamental y muchos de los medios han luchado contra el valor de la cultura aborigen. Como el Dr. Chris Sara, un educador indígena, dijo recientemente, existe una narrativa preponderante en la que “la influencia occidental se ve como algo progresista y bueno, y el enemigo es la cultura y la tradición”.
El gran peligro de este ataque implacable de una parte contra la otra en la relación entre blancos y negros en Australia es que se evita la verdad. Una parte se niega ciegamente a admitir la evidencia. Una parte aún se niega a escuchar.
Existe una evidencia abrumadora, tanto aquí como en las sociedades indígenas más prometedoras en el extranjero, de que una faceta fundamental del bienestar generalizado es la creación de un entorno fuerte y positivo de seguridad cultural. Una característica indispensable de los determinantes sociales que contribuyen a nuestro estado de salud es la impresión de control sobre nuestro destino, el conocimiento de quienes somos y la sensación de que se nos valora. En los estudios del Profesor Steven Cornell sobre el desarrollo de los nativos americanos se llega a la conclusión de que “quizá el mayor valor de desarrollo que poseen las naciones indias es la soberanía, el poder de tomar decisiones sobre sus propios futuros”.
En Australia seguimos sin confiar en los aborígenes para que tomen decisiones vitales con respecto a su futuro. En Alice Springs nos negamos a permitir que los aborígenes gestionen las nuevas viviendas que se les han prometido, incluso cuando tras dos años de la Intervención del Gobierno Federal todavía no hemos visto ni una sola nueva casa construida bajo ese desastroso intento de control. Sin duda, la Intervención es la peor de las políticas impuestas a los aborígenes desde la Generación Robada. El daño causado a la psique de hombres más jóvenes que Nicky Nothing durará mucho tiempo. ¿Pueden algunos de nuestros políticos federales, los que votaron por esta discriminación extraordinaria y este abuso de los derechos, ponerse en el lugar de todos aquellos hombres y mujeres que han sido juzgados en masa de haberle fallado a sus familias, de haber abusado de sus hijos y haber renunciado a cualquier demanda de elección sobre sus futuros?
Hemos de recordar que los aborígenes tienen el derecho legítimo a controlar sus tierras. Si ponemos punto final a nuestra hipocresía o, hablando claro, si nos disculpamos una vez más y abandonamos los aspectos discriminatorios de la Intervención, veremos que la ley misma nos guía en cómo avanzar para solucionar esta penosa paradoja en nuestras relaciones.
Existe una paradoja en la relación. Si bien el Gobierno australiano generó esperanza y buena voluntad considerables al prometer “cerrar la brecha”, al disculparse ante los aborígenes por las injusticias pasadas y al finalmente comprometerse a apoyar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ahora existe el peligro de que volvamos por inercia a la vieja pauta de siglos de traición. En esencia, el tratamiento de los pueblos indígenas por parte de todos los Gobiernos (Federal, Estatal y Territorial) es paternalista, discriminatorio, asimilacionista y, en algunos flagrantes casos, ilegal.
Los Gobiernos Federal, Estatal y Territorial continúan prometiendo consultas. Pero organizan reuniones del Gabinete Comunitario y otras expresiones de consulta orquestadas DESPUÉS de haber anunciado sus principales políticas gubernamentales. En otras palabras, lo que el Gobierno continúa haciendo es imponer controles sociales sin implicación real o influencia ninguna de los aborígenes. Algunos ejemplos claros son cómo ha ignorado o retrasado el Gobierno Federal las recomendaciones de la visión tan razonable de Meter Yu sobre la Intervención y de cómo el Gobierno del Territorio Norte ha ignorado la recomendación de Pat Dodson de que habrá muchos más estudios del posible impacto sobre la salud y el bienestar si los Gobiernos permiten que cientos de comunidades aborígenes remotas “mueran como frutos en la parra”. Ignorar con desdén la sabiduría, la experiencia y el consejo indígena, no sólo socava cualquier posibilidad de una asociación eficaz, sino que en algunos casos es ilegal.
Está claro que en el Territorio Norte y más allá, algunas de las políticas del Gobierno no hacen llegar a los aborígenes sus derechos legales. El Gobierno australiano ha insistido durante dos años en llevar cabo cuarentenas selectivas, raciales, de bienestar y otras medidas que son discriminatorias. Esto se opone claramente a las mismas leyes internacionales que nos hemos comprometido a honrar como nación. La promesa del Ministro Federal de ver que la Ley de Discriminación Racial se vuelve a instaurar en la legislación de la Intervención en octubre muestra una ambivalencia que roza la traición de la que hablo.
Tras más de dos años de esta discriminación manifiesta, el Gobierno propone amañar las palabras para que la discriminación se disfrace de alguna forma como “medidas especiales” que benefician a los aborígenes. La verdad es que la ley internacional exige que los pueblos indígenas tengan derecho a decidir si aceptan o no dichas medidas especiales, y como no se consultó a la mayoría antes de anunciar estas políticas, muchos se vuelven a sentir confusos, o peor aún, traicionados. Incluso Galarrwuy Yunupingu (a quien se convenció a regañadientes de que apoyase la parte más dura de la Intervención, como él dice), declara ahora que lo engañaron, que fue algo que se impuso a las comunidades aborígenes, que estaba más allá de la comprensión de la mayoría de los líderes sénior, que no ha traído “ni casas nuevas, ni carreteras nuevas, ni escuelas nuevas, ni cambios reales”, tan sólo “un control de las vidas de las personas que nos está volviendo locos”. También dice que los usufructos como el firmado sobre sus tierras tradicionales roban los derechos de los aborígenes con promesas falsas. Es la pauta de traición política que agota el espíritu y la buena voluntad de tantos aborígenes, a la vez que crea algunas de las diferencias políticas y faltas de unidad más profundas.
Nuestros políticos federales serán juzgados por la historia por haber fracasado con los aborígenes, y con todos los australianos, al aprobar leyes que son manifiestamente discriminatorias. Mientras nuestro Gobierno siga amenazando a las comunidades aborígenes con la adquisición obligatoria y con que no habrá casas a menos que firmen sus usufructos, nuestro Parlamento nos está fallando a todos porque sabemos que está pisoteando a los aborígenes.
Tratar de camuflar la discriminación no va a funcionar, Ministro. Por ejemplo, incluso si el Gobierno Federal permitiese a algunos aborígenes solicitar individualmente que NO se les gestione el dinero de las prestaciones sociales, dicho proceso seguiría siendo discriminatorio siempre que los aborígenes tuviesen que sentarse frente a un escritorio y rogarle a un empleado blanco que no se toque el dinero de sus familias.
Este mecanismo sólo podría dejar de ser discriminatorio si se volviese a la situación anterior a la Intervención, cuando algunas comunidades organizaban voluntariamente que se apartase algo de dinero para ahorrar así para un frigorífico o una cocina, o para pagar las facturas de alimentos en la tienda local.
Para trabajar con los aborígenes en cualquiera de sus auténticas necesidades no hace falta una Intervención punitiva, humillante y enormemente perjudicial, ni usufructos de 5 años o de 40 años.
Los mecanismos de control, los planes de ingeniería social para 20 Poblaciones de Crecimiento del Territorio Norte y la insistencia de que el dinero federal para viviendas debe ir acompañado de la disposición de la comunidad a firmar un usufructo de 40 años con el Gobierno australiano, constituyen una fórmula que dará lugar a otra era de dolor y disfunción.
Si queremos mejorar de verdad las viviendas, la salud y la educación de los aborígenes, si creemos en cerrar la brecha, debemos abandonar la amenaza de la adquisición obligatoria y la insistencia de usufructos de 40 más 40 dejando el control de las comunidades a la gestión del Gobierno federal.
La evidencia demuestra que la coerción no funcionará. Negar el control a los aborígenes sólo retrasa el desarrollo de asociaciones viables en todo tipo de organizaciones indígenas.
La respuesta está clara: debemos escuchar a los aborígenes y sus organizaciones y trabajar con ellos, debemos generar confianza. Y juntos podemos avanzar en la ardua tarea de crear igualdad.
Si Australia se vuelca en el intento, si confiamos en los indígenas, si escuchamos, aprendemos y nos acercarnos a ellos, entonces crearemos un bienestar y una armonía que serán un ejemplo para todo el planeta. Sé que podemos hacerlo juntos.
Jeff McMullen es un autor, periodista y cineasta australiano.
CEO (Honorario) de Ian Thorpe’s Fountain for Youth http://www.ianthorpesfountainforyouth.com.au
*Traducción: Elena Sepulveda*
