Ante conflictos puntuales, como los recientes del Perú o de Gaza, entendemos que toda vez que un sector de la población sufre algún tipo de violencia (racial, religiosa, económica, física, etc. etc), le cabe el derecho de resistirse, aunque tal situación tenga una aparente legalidad (que no es lo mismo que legitimidad).
Así mismo, otros miembros de esa población, aunque no sufran directamente esas violencias, tienen todo el derecho de apoyar esa resistencia justa, por solidaridad.
Sin embargo la metodología utilizada para resistir merece ser considerada. El derecho a rebelarse contra estas situaciones no justifica el uso de la violencia para tal resistencia. Al contrario, no se podrá salir del círculo vicioso de la violencia si, por falta de preparación o de concientización acerca de la No Violencia y de sus tácticas de acción específicas, algún sector reacciona violentamente al resistir. Si bien no justificamos esas reacciones de violencia, advertimos que no habrá solución hasta que no se resuelvan las raíces del conflicto que la genera, muchas veces desde el poder. La responsabilidad del poder económico y político genera frecuentemente el caldo de cultivo para las reacciones de violencia y, al mismo tiempo, son los que detentan el poder los que justamente cuentan con mayores herramientas y tienen más responsabilidades en orden a resolver las raíces generadoras de violencia. La resolución de fondo de conflictos como el del Perú o el de Gaza es responsabilidad de quienes detentan hoy el poder en esos lugares.
No pueden los gobernantes combatir la violencia con más violencia, confundiendo el «poner orden» con la venganza y el ensañamiento. Y deben de inmediato desactivar las situaciones de presión social que generan determinadas políticas públicas, muchas veces aliadas al poder económico.
Sin justificar los métodos utilizados, debemos reconocer que el Gobierno del Perú tiene mayores responsabilidades en el conflicto actual, que el pueblo indígena que durante siglos ha sido discriminado y no ha tenido acceso ni a la salud, ni a la educación.
Si bien la responsabilidad directa de un acto de violencia es de quien lo ejecuta, la responsabilidad de la raíz de ese acto, a menudo está en otro lado, es decir, en quienes generan o sostienen las condiciones que lo favorecen.
